1. Introducción
1.
El crédito social
Existe
una gran dificultad para identificar el momento exacto en que se da la primera
operación crediticia. Lo que podemos afirmar al respecto es que el crédito
surge casi a la par del dinero. También es cierto que las instituciones
financieras formales como los bancos tenían como principales deudores a los
estados, monarcas y la clase económica más adinerada de la sociedad. Estados
Unidos fue uno de los primeros países en los que se incentivó el crédito al
consumo. En 1928 el National City Bank de Nueva York vio un nicho de consumidores
que jamás había sido atendido, la clase media trabajadora. A través de pequeños
créditos al consumo se dio cuenta que el comportamiento de la cartera fue mejor
de lo que se esperaba, con una tasa de incumplimiento muy baja y con
posibilidades de un gran crecimiento. La expansión de empréstitos alcanzó altos
volúmenes y se financiaron a otros sectores como la adquisición de viviendas,
automóviles, financiamiento educativo, entre otros. Los beneficios fueron tripartitas,
los trabajadores obtuvieron prestamos más baratos en relación con el otorgado
en el mercado informal (usureros o casas de empeño), los bancos ganaron un gran
volumen de clientes y el gobierno se hizo de mayores recursos al observarse una
economía más dinámica. No obstante, la clase más vulnerable en situación de
pobreza quedó totalmente relegada de los servicios financieros al no ser
sujetos de crédito y sobre todo en el segmento que corresponde a las
microempresas, emprendimientos e, incluso, negocios insertados en la economía
informal.
Actualmente,
es ampliamente reconocido que el acceso a los servicios financieros es un medio
importante para la reducción de la pobreza. Aunque existen diversas posturas,
nos decantamos por aquella que se centra en el autoempleo, lo que significa que
una persona en estado de pobreza al tener acceso a un microcrédito está en la
posibilidad de realizar un emprendimiento para complementar el ingreso
familiar. Aunque se advierte que es cuestionable el efecto positivo en los
casos de pobreza extrema, pues se agudiza el problema de información asimétrica
de por sí altamente presente en las operaciones de microcrédito.[1]
No obstante, la banca tradicional no ha sido capaz de cubrir esa demanda y el
sector financiero no bancario ha sido insuficiente. Una de las vías con las que
se ha intentado reducir la brecha de acceso al financiamiento en la población
en pobreza es por medio de microcréditos. Usualmente uno de los participantes
es el gobierno que interviene a través de subsidios en las tasas de interés,
reducción de requisitos para obtención de créditos e inclusive con créditos a
fondo perdido. Dichas intervenciones presentan dos deficiencias marcadas que ponen
en tela de juicio su efectividad, primero, dado que los recursos son limitados,
los mecanismos de asignación de recursos suelen ser poco transparentes y,
segundo, se observan tasas elevadas de incumplimiento. Respecto al segundo
punto, el acreedor estatal difícilmente cuenta con un área bien estructurada de
recuperación y refinanciamiento que le imposibilita llevar un control adecuado
del riesgo. También es necesario señalar que existe un componente político al
ser prestamos de origen gubernamental, esto provoca que los recursos no siempre
lleguen a la población objetivo, sino que, se destinan a cubrir alguna cuota
política.
Los
primeros proyectos de créditos sociales se remontan a la década del cincuenta,
en donde la prioridad era financiar al sector agropecuario para que lograran
hacerse de recursos para, principalmente, lograr la tecnificación e incrementar
la productividad. Los bancos de desarrolló fueron los intermediarios
financieros que sirvieron para realizar las colocaciones de crédito subsidiado.
Es hasta tres décadas después que el destino de los fondos se diversificó a las
microempresas sobre todo para grupos vulnerables específicos como mujeres o
comunidades indígenas que tenían como objeto complementar el ingreso familiar o
incrementar la productividad en las actividades artesanales. La modalidad de
estos financiamientos ha sido a través de microcréditos. En esta etapa las intervenciones
no sólo han sido por parte del sector público, también, se cuenta con la
participación del sector privado y la sociedad civil.
Una
de las experiencias más significativas a nivel internacional es la de Grammen
Bank en Bangladés, impulsada por Muhammad Yunus, economista y banquero
reconocido con el premio Nobel de la paz. A Yunus se le considera como uno de
los principales exponentes de las microfinanzas y los microcréditos. Debido a
los resultados positivos de Grammen Bank otros países replicaron la iniciativa
como el Badan Credit Kamata y el Banco Rakyat en Indonesia o el BancoSol en
Bolivia, entre otros.
Detengámonos
por un momento para poder aclarar un par de términos, el primero es finanzas,
que de acuerdo al diccionario de investopedia nos
dice que es un concepto empleado para tratar sobre el uso del crédito y deuda,
valores e inversiones para financiar proyectos actuales utilizando flujos de
ingresos futuros. Ahora, existen divisiones dentro de las finanzas entre las
que se encuentra las microfinanzas y que se orientan a la gestión de los
créditos y otros servicios financieros orientados a introducir a la población
en estado de pobreza a las actividades productivas, es decir, financiamiento a
proyectos de pequeña escala como micronegocios. El segmento que atienden las
microfinanzas constituye la característica distintiva en relación con la banca
de desarrollo.
En
cuanto a su funcionamiento proyectos como el Grammen Bank han logrado ser
sustentable, debido a que se basa en operar cubriendo los costos que surgen al
generarse los créditos, además, de buscar reducir los riesgos como el moral,
selección adversa e información asimétrica al atender a grupos solidarios (grupos
de personas relacionadas por lazos familiares o sociales). En México las
microfinancieras han otorgado servicios desde la década de los noventa hasta la
fecha, con los que se ha observado una expansión de servicios y modernización
como las tecnologías digitales que contribuyen a la inclusión financiera. A
diferencia del sistema bancario tradicional, el sistema financiero social lo
conforman organizaciones gubernamentales, sociedad civil o privada, pero su
objetivo es sin fines de lucro y más bien busca la reducción de la pobreza
mediante la generación de fuentes de ingresos, siempre que los acreditados estén
en capacidad de realizar sus pagos.
Ya
habíamos mencionado que las microfinancieras, en su mayoría, son organizaciones
provenientes de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales (ONGs),
así como de capital privado, aunque también se han trasformado en instituciones
más complejas como bancos. La captación de recursos regularmente proviene de
los mismo acreditados. Sin embargo, también se han dado casos que su origen es
gubernamental, sobre todo en lo que respecta al desarrollo rural, que no han
sido exitosos, en México y diversas partes del mundo. De manera más precisa, si
nos referimos a programas de microcréditos existen varias experiencias recientes
como el Programa de Microcréditos del Distrito Federal, el Programa de
Microcréditos para el Bienestar (Tandas para el Bienestar) y los recién “creados”
Créditos FINABIEN (antes Tandas para el Bienestar y Créditos a la Palabra). Lo
que tienen en común estos programas es que operan bajo un esquema de subsidio,
dependencia total de recursos gubernamentales (ya que existe nulo proceso de
captación), opacidad en su operación, poca cobertura, tasas de recuperación
sumamente bajas y son financieramente inviables al carecer de sustentabilidad.
Aunque para los propósitos sociales que fueron diseñados se ha observado un
fracaso rotundo, el bono político siempre estará presente pasando la factura a
los contribuyentes.
Es
importante detenerse para hacer algunas precisiones sobre los Créditos
FINABIEN. Primero, uno de sus antecedentes son las Tandas para el Bienestar,
que operaron bajo la responsabilidad de la Secretaría de Economía de 2019 a
2020 y, posteriormente, serían responsabilidad de la Secretaría de Bienestar en
2021. Con la creación de FINABIEN mediante el cambio de denominación de
Telecomm, bajo el decreto publicado en el DOF el 21
de octubre de 2022, la administración de dichos empréstitos queda, finalmente,
bajo la responsabilidad de un organismo federal creado con el fin último de “[o]frecer
servicios y productos financieros, así como de telecomunicaciones, con énfasis
en los grupos sociales más desprotegidos, que contribuyan a cerrar las brechas
financieras y digitales del país” como se enuncia en su misión. En
términos operativos el programa en la praxis no ha cambiado en nada y
continua con el objetivo de fortalecer la actividad económica regional y el
desarrollo del empleo regional por medio de créditos a micronegocios que no han
tenido la oportunidad de tener acceso a servicios financieros formales. Aunque
se han encontrado resultados marginalmente positivos en la evaluación de
impacto realizada por el CONEVAL, la
metodología empleada puede cuestionarse severamente por ser altamente subjetiva.
Además, no existe información pública respecto al comportamiento de su cartera,
que es altamente probable se encuentre severamente deteriorada y el programa presente
altos costos de operación.
2. Comentarios finales
Es
innegable el alto costo que asumen los grupos más vulnerables de la población
mexicana al no poder acceder a los servicios financieros tradicionales
ofrecidos por la banca. La intervención y cooperación de diversos actores de la
sociedad es indispensable para brindar alternativas a aquellos que el sistema
de mercado no ha podido cubrir su demanda. Una alternativa con múltiples experiencias
internacionales han sido los microcréditos otorgados por ONGs, organizaciones
de la sociedad civil e incluso iniciativa privada. Aunque estas instituciones
han dependido en sus inicios de donaciones y subsidios gubernamentales para su
operación han demostrado ser autosustentables al madurar y consolidarse los
proyectos. En contraste, los programas de crédito subsidiado en los que el
gobierno ha sido el responsable han demostrado un fracaso inminente en donde el
derroche de recursos sólo ha tenido fines clientelares, pago de favores
políticos y una pérdida de objetividad en su operación. Es claro que todo lo
que mencionamos no es nada nuevo o desconocido para los gestores y creadores de
políticas públicas y continúa siendo una forma de utilizar recursos públicos de
manera discrecional para perpetuar las campañas. Desafortunadamente, los únicos
beneficiados son los partidos políticos que ostentan el poder en turno. Es
menester el pensar en reglas y normas que reduzcan la discrecionalidad que ha
caracterizado por décadas al crédito social en México, de otra manera, el
camino al fracaso será irreversible para organismos como FINABIEN o cualquier
otra dependencia que transite esa sinuosa ruta haciendo caso omiso de las
experiencias pasadas (a menos que sus fines sean meramente políticos).
[1] Podemos describir el problema de
información asimétrica como la falta de información que tienen los acreedores
sobre el deudor o prestatario, principalmente, en lo que se refiere al destino
que hace de los recursos. Otros inconvenientes son la selección adversa, el
costo del monitoreo y el riesgo moral.
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